En el acta de la asamblea general de la acampada de Sol celebrada tres días después de las últimas elecciones se recogen las cuatro reivindicaciones fundamentales del Movimiento 15M: “Una reforma electoral encaminada a una democracia más proporcional y a desarrollar mecanismos de participación ciudadana, la lucha contra la corrupción política mediante normas a permitir una total transparencia política, la separación efectiva de los poderes públicos y la creación de mecanismos de control ciudadano para la existencia efectiva de responsabilidad política”.
Son exigencias de un activo movimiento ciudadano a toda la clase política, a la que culpa, sin excepción ni diferencias, del deterioro democrático que padecemos y de la consiguiente desafección que ha producido en amplios sectores de la sociedad. Basta repasar los manifiestos e intervenciones de los líderes en esos días de mayo para comprobar que, incluso, es al Partido Socialista al que dirigen con mayor contundencia sus reproches.
Creo, sinceramente, que este tratamiento indiferenciado ni responde a la realidad ni es justo. Es más, sigue la línea argumental de la estrategia del PP y se alía a sus intereses: “Si todos son lo mismo, ¿por qué señalar a uno?”.
Sé que esta valoración, para muchos ciudadanos impregnados por las consignas del 15M, quedará de inmediato puesta bajo sospecha, sólo por venir de alguien que escribe bajo siglas socialistas. Sin embargo, no podemos renunciar a expresar esta posición, y a refutar con humildad, pero con voz firme, que no todos son iguales, que ni hacen las mismas cosas ni pretenden los mismos objetivos. Menos en cuestiones que tienen que ver con la calidad democrática, la corrupción, el clientelismo y la manipulación política.
Si a los hechos, más que a las opiniones, hemos de remitirnos quiero citar una reciente obra de un equipo de especialistas universitarios nada sospechosos de partidismo, entre los que se encuentra J.A. Piqueras, catedrático de Historia Contemporánea de la UJI: “El secuestro de la democracia”, en la que se analiza con rigor el panorama de corrupción y dominación política de la España actual y, con mayor atención, la situación en la Comunidad Valenciana en esta última década, pues, según sus palabras, “la anomalía valenciana (…) revela la creación de un sistema que descansa en instituciones democráticas y se sirve de mecanismos irregulares – clientelismo, corrupción, política de medios y neopopulismo – para establecer una hegemonía partidista destinada a prolongarse en el gobierno”. Y aquí, sin duda, sabemos el papel que juega cada cual: el del Partido Socialista ha sido el de la insistente denuncia y el de sentirse en muchas ocasiones mero figurante de un juego en el que las reglas las ponen otros.
Por ello, no es de extrañar que asumamos con vehemencia los postulados del acta de la asamblea de Sol, ni que en nuestros programas electorales ni en nuestros documentos de discusión política estos planteamientos y muchos otros de este tenor tengan tanta relevancia. En nuestro Programa Municipal, cuya elaboración fue muy anterior a los movimientos de mayo, ocupaban un lugar destacado y, bajo el título “Otra formar de gobernar: austeridad, rigor, transparencia, participación”, se desgranaban principios y propuestas como ésta: “…se hace ahora aún más necesaria la puesta en marcha de otro modelo, como el que proponemos, que no es patrimonio de una determinada ideología política, sino, simplemente, está al servicio de la ciudadanía para que, de manera honesta, abierta y transparente, se gestione eficazmente el dinero de todos….” O esta otra: “…los socialistas creemos en la participación democrática, porque estamos convencidos que esta participación es la que garantiza gobiernos de calidad…” O esta: “…la regeneración democrática de la vida pública y de sus agentes exige de un nuevo compromiso con la transparencia de la gestión, para que la ciudadanía conozca pormenorizadamente cuáles son sus propósitos, cómo los consiguen y cuáles son los resultados…”. Además, hacíamos público e instábamos al resto de fuerzas políticas a asumir un Manifiesto y un decálogo de compromisos para la regeneración ética de la política, entre cuyos principios se incluía, por ejemplo, la necesidad de apartar de la vida pública a aquellos que son imputados por la Justicia.
Y, más cerca en el tiempo, en la Conferencia Autonómica celebrada el pasado fin de semana se debatieron e impulsaron multitud de propuestas para el programa de las próximas elecciones generales, entre las que conviene destacar algunas de las que se recogen en el apartado ‘Más democracia’: la reforma de la Ley Electoral para impulsar las listas abiertas o la elección directa de los alcaldes, la rebaja de la edad mínima para tener derecho al voto, la regulación de la influencia de los grupos de presión, el impulso de una ley de eficacia, responsabilidad y transparencia en la gestión de los recursos públicos o el refuerzo de las medidas administrativas y penales contra la corrupción política.
Estos son hechos, objetivos y propuestas. Frente a la mediatización de la política por los llamados “mercados financieros”, más política, pero de otra manera, con nuevas formas de expresión, más control y transparencia. En definitiva, más democracia.
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